Estudio de caso N.° 46. Respuesta a derecho de réplica.

Colombia, noviembre 10 de 2020

RODRIGO UPRIMNY YEPES

ANDRÉS ABEL RODRÍGUEZ VILLABONA

Docentes Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

Asunto: respuesta al derecho de réplica, Estudio de caso N.° 46

Cordial saludo.

PlagioSOS, un portal original, somos un blog ciudadano de investigación y denuncia pública (periodismo digital), autónomos e independientes, donde presentamos Estudios de caso de un tema de interés general: el plagio.

Los Estudios de caso tienen dos fechas periódicas de presentación. El pasado 12 de octubre, activamos la segunda actualización de este año. En esta se encuentra el Estudio de caso N.° 46, titulado “¿Autoplagio docente en artículos de Derecho? Universidad Nacional de Colombia”, donde exponemos pruebas y evidencias documentales de posible autoplagio en artículos de Derecho, con autoría de tres docentes de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Luego de la presentación pública y del envío formal a los correos electrónicos institucionales, los autores Rodrigo Uprimny Yepes y Andrés Abel Rodríguez Villabona, nos solicitaron retractación (derecho de réplica).

Con esta damos respuesta al derecho de réplica interpuesto por los docentes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

El anonimato.

Entre 2010 y 2020 hemos presentado 51 Estudios de caso, 26 de ellos sucedidos en Colombia (siete en la Universidad Nacional de Colombia), de los cuales dos fueron de nuestra iniciativa, los demás son consecuencia de denuncias que hemos recibido por parte de víctimas directas o lectores casuales que los detectan y envían, a quienes garantizamos el anonimato. De todas maneras, nosotros asumimos la responsabilidad integral de todos y cada uno de los Estudios de caso.

La mayoría de los denunciantes nos solicitan ese aspecto, el anonimato, por temor a las consecuencias personales, sociales y profesionales. Esa solicitud tiene fundamento. Somos conocedores, por diversos testimonios, del filo y densidad de las consecuencias derivadas por la denuncia formal, personal, en los medios institucionales, que incluyen señalamientos, amenazas, cambios repentinos y desfavorables o cancelación de contratos laborales, persecución y ostracismo académico, denuncias judiciales, intimidación y agresiones físicas, entre otras. Luego de la denuncia, la defensa de cuerpo y complicidad institucional, suele suceder, se abalanza contra los denunciantes.

Un caso de ellos puede serles de suficiente ilustración. El 23 de abril de 2019 presentamos el Estudio de caso N.° 34, relacionado con el posible plagio del 65.16% (241 párrafos, en 174 páginas) en la tesis doctoral de Luis Eduardo Yamín Lacouture, docente de la Universidad de los Andes, Colombia. Dos de nuestras tres fuentes han sufrido consecuencias por la denuncia formal y testimonio profesional. A uno de ellos, la Fiscalía General de la Nación le tiene activa una denuncia penal, luego de haber denunciado con pruebas documentales el posible plagio ante las directivas en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, y la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia; el otro, uno de los directores de la tesis doctoral denunciada, de manera cautelar fue obligado al silencio o censura por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, tras la aceptación por esa entidad de una denuncia por “competencia desleal” (que incluye una multimillonaria multa económica) como consecuencia de pronunciarse en PlagioSOS y reconocer, en calidad de director de la tesis doctoral detectada, la ocurrencia del hecho denunciado. Estas dos personas han sufrido otras consecuencias personales, que preferimos no mencionar, pero las imaginarán. El denunciante inicial, tal vez hizo bien en mantener el anonimato.

El docente, autor de la tesis doctoral detectada conserva el título obtenido en la UPC, España, el cual exhibe en su hoja de vida institucional, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Las directivas de la Universidad de los Andes (primero Pablo Navas, luego Alejandro Gaviria Uribe), a pesar de recibir la denuncia formal por parte de un denunciante y luego también desde PlagioSOS, nunca abrieron investigación disciplinaria. Es decir, en el marco de los procedimientos institucionales, a pesar de cumplir con los rituales de formalidad y el aporte de la documentación probatoria, las directivas de la Universidad de los Andes, por varios años, hicieron caso omiso a las denuncias formales.

Dadas estas circunstancias, la relación poder institucional, plagio o violación al derecho de autor, títulos fraudulentos e impunidad, la pregunta no es por qué los denunciantes “no dan la cara” sino, ¿por qué más de un centenar de víctimas directas de plagio y lectores ocasionales de ellas optan y confían más en un blog anónimo y marginal, sin más recursos distintos a la voluntad de lucha, y no en las instituciones de educación superior, quienes por misión institucional se encuentran obligadas a la rectitud, rigor en la formación científica y calidad editorial, y, por autonomía universitaria, a recibir y tramitar con diligencia y garantías aquellas denuncias, respetuosas, sustentadas y documentales que anuncian y demuestran la posible fractura de normas, reglamentos y leyes en publicaciones que deberían cumplir a cabalidad?

Desde el marco de la Constitución política de Colombia y la Ley, en las garantías a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, existen salvaguardas para el anonimato (Constitución política, artículo 20; sentencias C-067/1996 y T-289/2009). De otro lado, con el propósito de lograr el cabal funcionamiento institucional de la Justicia, por supuesto que la denuncia de posibles delitos es un deber ciudadano (Constitución política, artículo 95; Código de procedimiento penal, artículo 67), la cual puede ser anónima (Código de procedimiento penal, artículo 69), que la institucionalidad debe recibir y tramitar y de esta manera no incurrir en posibles delitos (Código penal colombiano, artículos 417 y 446).

Los Estudios de caso, investigación periodística.

El plagio o violación al derecho de autor, por su naturaleza, origen y consecuencias, constituye un tema académico, y no debería ser un tabú, un tema prohibido, máxime cuando la deshonestidad intelectual, al menos en el papel, en el deber ser, se encuentra reglamentada y sujeta a sanción en los estatutos académicos de las instituciones de educación superior colombianas.

Los Estudios de caso tienen como soporte las normas de cita, la Ley de derechos de autor, los reglamentos académicos (reglamentos de estudiantes y docentes, políticas editoriales, entre otras), la Constitución política y los convenios internacionales suscritos. Además, en las pruebas que aportamos suministramos los vínculos o ligas de las páginas web de las publicaciones, la mayoría de ellas son anexadas, y las evidencias del posible plagio o violación al derecho de autor las exponemos en tablas comparativas, por párrafos, agregadas también en los anexos. De esta manera el lector puede verificar y constatar la veracidad de las pruebas y evidencias de soporte.

Los títulos de los Estudios de caso se encuentran formulados a manera de interrogante. Una pregunta que espera ser resulta por las instancias correspondientes, basada en las pruebas y evidencias presentadas, que son de libre acceso. Por ello, pueden observar que en los Estudios de caso no se presenta una acusación directa, pues no es necesario, no por carecer de opinión, sino porque las pruebas y evidencias documentales hablan por sí mismas.

La investigación de los Estudios de caso es documental, de manera exclusiva, debido a que los autores contaron para su publicación con todas las garantías editoriales y la totalidad de la información debe quedar consignada para la posteridad.

En las publicaciones cuestionadas se encuentran perfectamente establecidos quiénes son los autores, su editor, normas editoriales, lugar y año de publicación, número de páginas, contenido, las citas y referencias bibliográficas.

Además, de acuerdo con los reglamentos académicos los investigadores o autores y editores tienen la responsabilidad de lograr publicaciones de calidad, idóneas, completas y refractarias, para lo cual cuentan con leyes y normas rigurosas y precisas que se deben seguir, así como personal calificado y experimentado en las editoriales, y la exigencia de cumplir los procedimientos editoriales exhibidos.

La soledad del derecho de autor.

Somos conscientes que estos Estudios de caso, como hechos noticiosos son un arar en el mar. A pesar que constituyen investigaciones periodísticas, es decir, que tienen como propósito informar a la comunidad académica, la sociedad e institucionalidad acerca de hechos ocultos, secretos o poco claros, que subyacen en publicaciones académicas, literarias y científicas, estas investigaciones están dirigidas a la posteridad, cuando la sociedad y comunidad académica sean otras, otras muy diferentes a la actual mediocridad e indolencia dominantes. Por eso, estas investigaciones se escriben para la Historiografía del Derecho de autor.

Por aspectos históricos, económicos e incluso sociológicos, el plagio o violación al derecho de autor y los títulos académicos fraudulentos hacen parte del diario vivir institucional, de la farsa y juego de espejos socialmente aceptados y disfrutan de amplia complicidad institucional, académica y mediática. Esa es la realidad apabullante e inmodificable del presente y futuro inmediato, de la cual son víctimas la educación, ciencia y el conjunto de la sociedad.

Un caso reciente configura la radiografía perfecta, en la propia Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. En septiembre de 2019, la periodista Juliana Ramírez Prado, de Noticias Uno, con pruebas documentales incuestionables informó del posible plagio, mediante la modalidad de traducción, de cuatro tesis de maestría en los cuatro capítulos de la tesis doctoral de Jonathan Malagón González, actual Ministro de vivienda de Colombia, también docente de la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Tilburg, Países Bajos. En marzo de 2020 las directivas de Universidad de Tilburg anunciaron el insólito fáctico, legal y normativo de ordenar corregir el informe final de esa tesis doctoral, obtenida casi dos años atrás, debido a que no lograron establecer si el doctorando había o no plagiado a sus discípulos, a pesar que las tesis de maestría fueron publicadas con anterioridad en tres universidades colombianas. A nivel institucional, la complicidad nunca había llegado tan lejos.

A pesar que el comunicado de las directivas de la Universidad de Tilburg fue público y noticiado, los rectores de la Universidad Nacional de Colombia (Dolly Montoya Castaño), Universidad de los Andes (Alejandro Gaviria Uribe) y Universidad del Externado (Juan Carlos Henao) guardaron silencio público (sin ningún tipo de consecuencia disciplinaria ni penal), lo cual es recibido por parte de la sociedad y la comunidad académica, quienes entienden que es posible y aceptado obtener de manera simultánea títulos académicos en Colombia (Daniel Felipe Lacouture Daza, Universidad Nacional de Colombia; Marcela Rey Hernández, Universidad Nacional de Colombia; Juan Sebastián Betancur Mora, Universidad de los Andes; María Camila Orbegozo Daza, Universidad del Externado) y, con aquellos mismos contenidos traducidos (83.65% de las páginas), otra persona hacerse a un título doctoral en otro país (Jonathan Malagón González,  Universidad de Tilburg). Por supuesto, todo esto sucedido a la vista institucional y publica, es contrario a lo dispuesto por las normas académicas, las leyes nacionales e internacionales del derecho de autor, de la ciencia y la educación. En la Universidad Nacional de Colombia, donde Jonathan Malagón es también docente impera el silencio cómplice de las directivas, de la comunidad académica, del cuerpo docente y del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, Alejandro Palacio Restrepo, quien simuló “pedir abrir investigación formal al profesor Jonathan Malagón por presunto plagio”, sin ningún tipo de consecuencia o resultado.

A lo largo de estos años, son numerosos los casos en los cuales hemos constatado (y demostrado) no solo la ocurrencia efectiva del plagio o violación al derecho de autor y la obtención de títulos académicos fraudulentos, sino la activación de distintos procedimientos y actores en la defensa de cuerpo y la protección del “buen nombre” personal e institucional, sin ser capaces de desmentir o desvirtuar las pruebas y evidencias presentadas.

Mientras en Hispanoamérica prevalezca una educación mediocre y la comunidad académica carezca de formación científica, serán cotidianas la burla a las normas de cita, a las normas editoriales y la violación de las leyes del derecho de autor, por ello asistimos a la cotidianidad del plagio (en todas sus modalidades), la obtención de títulos fraudulentos, la protección de cuerpo e impunidad institucional y el amedrentamiento a los denunciantes.

El autoplagio.

Con respecto al autoplagio, se pueden remitir a la definición y parámetros de las Normas APA. También a la explicación brindada por Juan Diego Mejía Henao y la descripción de las conductas antiéticas (minutos 12:39” – 19:17”) presentadas por María Isabel Aroca Domínguez (Universidad de Alcalá, España).

La ambición de abultar el acumulado académico en las hojas de vida personales y de los grupos de investigación, mediante el fraccionamiento (con título igual o diferente, en solitario o coautoría), traducción y duplicación total de una publicación original conducen al autoplagio. Estas publicaciones recicladas o refritas, además de insuflar las hojas de vida, son tramitadas en los comités de asignación de puntaje y, de esta manera, incrementan el salario personal, que en no pocas ocasiones parece ser la motivación del hecho.

En esta modalidad de plagio, saltarse las normas de cita y las exigencias editoriales, sucede mediante varios artificios, entre los que encuentran las notas de autor, notas de editor, coautoría y entre las justificaciones, la presentación de ponencias en seminarios o congresos, traducciones, obras colectivas, invitación a colaborar en una revista, etc.

De esta manera, en la articulación de autores (muchas veces miembros de otros comités editoriales) y editores universitarios, sin acatamiento al rigor editorial exhibidos, se incurre en el riesgo de la publicación de los denominados refritos o reciclajes académicos, donde los lectores quedan expuestos a consultar publicaciones repetidas una y otra vez, o con novedades insustanciales. Esto sin mencionar el desgaste editorial repetitivo y pérdida de oportunidad de publicar por parte de otros autores.

Estudio de caso N.° 46 y respuesta.

En el Estudio N.° 46, titulado “¿Autoplagio docente en artículos de Derecho? Universidad Nacional de Colombia”, presentamos las pruebas y evidencias de posible autoplagio en artículos de Derecho, con autoría de los docentes de la Universidad Nacional de Colombia, los abogados Rodrigo Uprimny Yepes y Andrés Abel Rodríguez Villabona y del filósofo Óscar Eduardo Mejía Quintana.

De manera específica, el Estatuto de personal académico de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo 035, 2002) adopta una Misión y Principios en el que se exige un rigor y destrezas académicas, que deben constituir un referente académico para la formación de futuros miembros de las comunidades profesionales y disciplinarias del país (artículo 4°), siguiendo los Principios de responsabilidad social, universalidad y excelencia académica, entre otros, y así fomentar los valores connaturales a ese carácter institucional, con el fin de formar profesionales e investigadores, sobre bases éticas, científicas, críticas, estéticas y humanísticas (artículo 50°). Por ello, entre los Deberes se encuentra el Actuar con honestidad intelectual, evitando cualquier forma de plagio o suplantación en sus publicaciones, proyectos académicos y productos que se deriven de su actividad (artículo 70°, numeral 18).

A pesar que en su recurso de apelación hacen alusión a términos como “acusación” y “ataque”, en el Estudio de caso N.° 46 nuestro actuar se circunscribe a presentar pruebas documentales, y no realizamos ningún señalamiento categórico que pueda ser calificado como un ataque o una acusación. Esta manera es propia del deber investigativo, pues el escrutinio juicioso y detallado hace parte del hacer y debate académico, a los cuales todo autor debe estar atento, receptivo, debido a que en lo fundamental son requisito en el avance de la ciencia.

Con respecto a las publicaciones aludidas en el derecho de réplica las respondemos de manera diferencial, por publicaciones:

A. Artículo de Uprimny (1995) Vs. libro de Uprimny y Rodríguez (2006). Las pruebas aportadas incluyen las siguientes publicaciones:
1. Artículo “La motivación de las sentencias y el papel del juez en el estado social y democrático de derecho” (Pensamiento Jurídico N.° 4 1995, pp. 131-139), Rodrigo Uprimny Yepes.
2. Libro “Interpretación judicial: módulo de autoformación” (Consejo Superior de la Judicatura –CSJ-, 2006, pp. 318), Rodrigo Uprimny Yepes y Andrés Abel Rodríguez Villabona.

Las evidencias o indicios del posible autoplagio son:

Anexo 1.3. Tabla comparativa del artículo “La motivación de las sentencias y el papel del juez en el estado social y democrático de derecho” (Rodrigo Uprimny Yepes, Pensamiento Jurídico, N.° 4, de 1995) Vs. las unidades II y IV del libro “Interpretación judicial: módulo de autoformación” (Rodrigo Uprimny Yepes y Andrés Abel Rodríguez Villabona, CSJ, 2006) donde se observa que 22 párrafos, en 12 páginas (140, 141, 149, 150, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 308 y 313) de Rodrigo Uprimny Yepes y Andrés Abel Rodríguez Villabona, (CSJ, 2006), provienen, sin cita, de Rodrigo Uprimny Yepes (Pensamiento Jurídico, 1995). De acuerdo con las normas de cita, lo publicado en 1995 por Rodrigo Uprimny debió ser citado de manera adecuada y precisa, bien sea mediante parafraseo o copia textual, de acuerdo con la norma de citas acogida. No es correcto que los párrafos (22) publicados por uno de los autores en un artículo de 1995 (Uprimny, 1995), se convierta en coautoría doce años después (Uprimny y Rodríguez, 2006).

De acuerdo con las normas de cita, la nota de autor que se encuentra en la página 136 del libro “Interpretación Juridicial; módulo de autoformación” (Uprimny y Rodríguez, 2006), no constituye una cita ni referencia bibliográfica, por lo cual no las sustituye ni reemplaza, debido a que es solo eso, una nota de autor. La nota de autor que indica que ese aparte es una actualización del artículo de Rodrigo Uprimny «Estado social de derecho y respuesta judicial correcta», en VV.AA. Hermenéutica jurídica, Bogotá: Universidad del Rosario, 1997, para el lector es de poca utilidad, debido a que por la ausencia de citas bibliográficas le es imposible detectar en qué consiste la actualización anunciada, pues no alcanza a discernir qué fue publicado en 1997 por uno de los autores y qué corresponde a la coautoría de 2006.

Además, en la presentación de las pruebas del Estudio de caso N.° 46 se encuentra es el artículo “La motivación de las sentencias y el papel del juez en el estado social y democrático de derecho” (Pensamiento Jurídico N.° 4, 1995). Este documento no se encuentra citado en el texto ni referenciado en la Bibliografía de Uprimny y Rodríguez (2006).

La importancia de la aplicación rigurosa de las normas de cita con respecto a la trazabilidad, aquí se pone en evidencia pues, por ejemplo, un párrafo se encuentra copiado en tres ocasiones (Uprimny, 1995, p. 133 y 134; Uprimny, 1997, p. 123; Uprimny y Rodríguez, 2006, p. 141) (Anexo 5.2). No es comprensible que aquello publicado por uno de los autores (Uprimny, 1995, y luego Uprimny, 1997), años después figure en coautoría (Uprimny y Rodríguez, 2006), debido a la ausencia de citas.

Incluso, al comparar el artículo “La motivación de las sentencias y el papel del juez en el estado social y democrático de derecho”, de Rodrigo Uprimny Yepes (Pensamiento Jurídico, 1995) con el capítulo “Estado social de derecho y respuesta judicial correcta”, de Rodrigo Uprimny (1997)(En: VV.AA. Hermenéutica jurídica, Bogotá: Universidad del Rosario) se observan 12 párrafos copiados sin cita (Anexo 5.3).

B. Artículo Uprimny (2001, 2001 y 2003). Las pruebas aportadas incluyen las siguientes publicaciones:
1. Artículo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Derecho Público N.° 12, enero – junio de 2001, pp. 145-183), Rodrigo Uprimny Yepes. Consta de 78 párrafos y diez subtítulos.
2. Artículo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Precedente N.° 1, diciembre de 2001, pp. 35-66), Rodrigo Uprimny Yepes. Consta de 72 párrafos y diez subtítulos.
3. Capítulo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (En: Germán Burgos Silva, Independencia judicial en América Latina: ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?, ILSA, UNAL, noviembre de 2003, pp. 319-354), Rodrigo Uprimny Yepes.

Las evidencias o indicios del posible autoplagio son:

Anexo 2.4. Tabla comparativa de los artículos “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Rodrigo Uprimny Yepes, Revista de Derecho Público, N.° 12, enero – junio de 2001) Vs. “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Rodrigo Uprimny Yepes, Precedente, diciembre de 2001) donde se observa que 70 párrafos (de 78, 90%), en 32 páginas (37 a 68) de Rodrigo Uprimny Yepes (Precedente, diciembre de 2001) provienen, sin cita, de Rodrigo Uprimny Yepes (Revista de Derecho Público, enero – junio de 2001). Las dos publicaciones sucedieron el mismo año (2001). Las políticas editoriales de las dos revistas condicionan la exclusividad editorial a los autores que postulan sus originales. En el caso de Derecho Público, les indica que deben declarar que estos no han sido presentados con anterioridad ni simultáneamente a otra publicación distinta a la Revista de Derecho Público de la Universidad de los Andes, ni tampoco serán enviados con posterioridad a publicaciones diferentes, y Precedente, revista jurídica, exige que los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al editor). (El subrayado es nuestro).

https://derechopublico.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=142&lang=es

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/information/authors

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/about/submissions#authorGuidelines

En relación con las notas de pie de página, en la Guía para autores, la revista Precedente establece que:

  • Las notas a pie de página se deben usar exclusivamente para hacer aclaraciones o discreciones sobre el texto, no para citar textualmente a un autor o hacer referencias bibliográficas. (El subrayado es nuestro).

Las citas deberán realizarse dentro del texto siguiendo el formato APA. Entre paréntesis, el apellido del autor, seguido de una coma y el año de edición, así: (Pérez, 1990). (El subrayado es nuestro).

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/about/submissions#authorGuidelines

El autor Rodrigo Uprimny Yepes en su derecho de réplica acude a la nota de autor, página 37, donde se lee: este artículo se basa en trabajos anteriores del autor, en especial “Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una discusión de las sentencias de UPAC» en Pensamiento Jurídico No 13 (2000) y “Un ejemplo, cinco tesis y una metáfora: notas para estimular un diálogo en Colombia entre economistas, y juristas sobre la relación entre la justicia constitucional y la economía” (en prensa (Anexo 5.7). Esto fue ratificado por Yecid Echeverry (Editor Precedente) y Adolfo Jerónimo Botero Marino, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ICESI (Anexo 5.8). De acuerdo con las normas editoriales de la propia revista Precedente, las notas de pie de página se deben utilizar exclusivamente para brindar aclaraciones, pero no constituyen una cita. La expresión “se basa” es tan amplia como vacua.

De igual manera, en el derecho de réplica, presenta una nota del editor, donde se lee:

Los escritos de esta sección corresponden a las ponencias presentadas en el Foro que, con el título Corte Constitucional y Economía, realizó la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Icesi el 16 de febrero de 2001. El artículo de Rodrigo Uprimny es una reelaboración de su ponencia y es publicado a la vez en PRECEDENTE y en REVISTA DE DERECHO PÚBLICO, Ediciones Uniandes.

A pesar que al ingresar al repositorio institucional de ICESI, en la sección revistas, al visualizar el N.° 1 de la revista Precedente se lee “texto completo”, la nota del editor no se encuentra accesible para el lector (solo en medio físico). Esa nota editorial tampoco se encuentra como pie de página en el artículo. De esta manera el lector no es informado que se trata de una publicación casi simultánea, duplicada.

https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?infile=user.glu&auth_this=y&style=user

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/issue/view/168

Lo anterior entra en contradicción con la Política editorial de la propia revista y con el uso de los pies de página que predican en la política editorial de Precedente. Esto debió ser advertido por el Comité editorial de Precedente, pues era obvio que se trataba de volver a publicar un artículo, cuya única diferencia con el anterior son pocos párrafos.

De otro lado, el Foro Corte Constitucional y Economía, mencionado en la nota editorial de Precedente (N.° 1, 2001) fue realizado en febrero de 2001 y el artículo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Derecho Público N.° 12, enero – junio de 2001) fue publicado por la Universidad de los Andes al final del primer semestre de 2001. En su nota editorial (a cargo de Felipe Piquero Villegas) ni en el pie de página del artículo se observa alguna alerta al lector que advierta que el artículo en cuestión sería duplicado en Precedente (Anexo 5.4), lo cual es contrario a lo predicado en la política editorial de Derecho Público.

https://derechopublico.uniandes.edu.co/index.php?option=com_revista&view=inicio&idr=26%3ARevista_12&lang=es

https://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub197.pdf

  • Capítulo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (En: Germán Burgos Silva, Independencia judicial en América Latina: ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?, ILSA, UNAL, noviembre de 2003, pp. 319-354), Rodrigo Uprimny Yepes.

Las evidencias o indicios del posible autoplagio son:

Anexo 2.4. Tabla comparativa de los artículos “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Rodrigo Uprimny Yepes, Revista de Derecho Público, N.° 12, enero – junio de 2001) Vs. “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (Rodrigo Uprimny Yepes, Independencia judicial en América Latina, noviembre de 2003) se observa que 78 párrafos, en 34 páginas (319 a 352) de Rodrigo Uprimny Yepes (Independencia judicial en América Latina, noviembre de 2003) provienen, sin cita, de Rodrigo Uprimny Yepes (Revista de Derecho Público, enero – junio de 2001).

En el derecho de réplica de Rodrigo Uprimny expresa que fue invitado a volver a publicar su artículo por este editor.

En este orden de ideas, debido a que las pruebas que hemos presentado son reales (artículos, libro y capítulo mencionados), que las normas de cita son de obligatorio acatamiento, así como las políticas editoriales de las revistas mencionadas y que las evidencias (tablas comparativas) son también verídicas, documentales y verificables, no nos retractamos de lo presentado en el Estudio de caso N.° 46. En la procura de mejorar la información contenida en el Estudio de caso, ampliaremos lo referente a la nota del editor y notas de autor aquí mencionadas, lo cual contribuye al análisis académico. 

Recepción de la denuncia, Estudio de caso N.° 46.

Luego de más diez años y siete Estudios de caso relacionados con posible plagio en publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia, este es el primero en el que las directivas de la UNAL de manera oficial anuncian el recibo y trámite formal. No por ser anónimas, los funcionarios públicos deben desconocer y tratar con desprecio las denuncias presentadas.

Los canales institucionales deberán atender y resolver esta denuncia, pues son los competentes y cuentan con los medios y procedimientos para ello.

De nuestra parte, tenemos la certeza en la veracidad de las pruebas, el ajuste a las normas de cita y políticas editoriales, así como las evidencias documentales aportadas.

Esperamos que los docentes y editores aquí mencionados sean atendidos de manera respetuosa y oportuna en las instancias universitarias. Esperamos que todo esto derive en la confianza de los lectores e investigadores, en la salud académica y editorial de la principal institución de educación superior de Colombia.

Atte.,

Grupo PlagioS.O.S

Portal PlagioS.O.S

Queja profesor Rodrigo Uprimny y solicitud de rectificación

Rodrigo Uprimny. 20 oct. 2020
para mí, Andres, Decanatura

Señoras o señores

Plagios.org

Quisiera dirigirme a ustedes por su nombre propio, pero infortunadamente en su portal no hay ninguna persona que aparezca y asuma la responsabilidad de las acusaciones públicas que hacen contra la honra de docentes, a veces con argumentos justificados, a veces totalmente injustificados, como las que hacen en mi caso, de que habría incurrido en dos autoplagios.

Lamento no sólo que no tengan el mínimo valor cívico de aparecer con nombre propio cuando atacan el buen nombre de un académico, cuyo principal capital es su prestigio, sino que no hubieran hecho la mínima labor de verificación, que hubiera mostrado que en mi caso y en el del colega Andrés Abel Rodriguez, su acusación pública de autoplagio es totalmente injustificada y arbitraria. Por eso espero que tengan la gallardía de reconocerlo y hacer las correspondientes correcciones y aclaraciones.

El autoplagio, que es algo académicamente inaceptable, no consiste en que un autor no pueda usar textos previos de su propia autoría, pues es obvio que puede hacerlo. El autoplagio consiste en que uno los presente como productos nuevos, sin hacer las correspondientes referencias a los textos anteriores. Para una referencia a esta noción de autoplagio puede verse, por ejemplo, este texto (https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/download/56075/html88), que adecuadamente dice que “el «auto-plagio» se configura cuando el autor re-utiliza sus escritos y los hace pasar como una obra inédita u original, y no cita ni referencia sus propias publicaciones”

Sus acusaciones de autoplagio en mi contra son dos:

Primero, que el módulo que publicamos con Andrés Abel para la escuela judicial de 2006 sobre interpretación judicial tendría unas páginas que serían un autoplagio de un texto previo mío, que había aparecido en la revista Pensamiento Jurídico sobre motivación de las sentencias en 1995. Y señalan muchos párrafos que coinciden de una parte del libro de interpretación judicial con el artículo de la revista Pensamiento Jurídico, lo cual es cierto. Pero se abstienen de señalar que en la nota 103 del módulo literalmente decimos que esa parte se basa en un artículo previo mío, que es el siguiente artículo: Rodrigo Uprimny “Estado social de derecho y respuesta judicial correcta” en VV.AA. Hermenéutica Jurídica. Bogotá, Universidad del Rosario, 1997. A su vez, si ustedes se hubieran tomado la molestia de buscar ese artículo, que les adjunto en archivo, hubieran visto esta nota inicial: “Este artícu1o es un aparte de un texto más amplio que se encuentra elaborando el autor sobre problemas de interpretación constitucional. Es al mismo tiempo un desarrollo del texto «La motivación de las sentencias y el papel del juez en el Estado social y democrático de derecho» en Pensamiento Juídico No 4. Bogotá: UN, 1995”.

Luego no hay autoplagio pues cualquier lector y los editores de los textos saben que esas páginas del Módulo de Interpretación Judicial, están basadas en mi artículo en el libro de la Universidad del Rosario, que a su vez está basado en el texto de Pensamiento Jurídico. No hubo pues la intención de presentar como nuevo un trabajo previo ni engaño al lector o editor pues es explícito a los editores de los textos y para cualquier lector medianamente atento (y no para alguien que quiera hacer un injustificado escándalo) que se trata de una obra en construcción, con las correspondientes referencias a los trabajos previos.

La segunda acusación está referida al artículo mío “legitimidad y conveniencia del control constitucional de la economía”, por cuanto aparece en dos revistas universitarias; Revista de Derecho Público de los Andes No 12 de 2001 y Precedente, el Anuario Jurídico del Icesi de 2001. Y también en el libro editado por Germán Burgos para Ilsa sobre Independencia Judicial en América Latina de 2003. Y señalan que los textos coinciden, lo cual es bastante obvio, pues es el mismo artículo.

No hay pues ninguna intención de engaño ni de presentar como nuevo un texto anterior pues es literalmente el mismo artículo, con exactamente el mismo título y contenido, por lo que cualquier lector sabe que es el mismo artículo. Que aparezca en diversas revistas y partes no lo convierte en autoplagio pues un texto puede ser republicado integralmente. Es como acusar a García Márquez de autoplagio porque publicó primero el relato de un náufrago en 1955 en El Espectador y luego publicó el mismo relato, con exactamente los mismos párrafos y exactamente las mismas frases, en otras ediciones, como Norma en 2000.  Decir que eso es autoplagio linda con lo real maravilloso.

Pero claro ustedes dirán que hubo engaño a los editores de las revistas o del libro de Ilsa o a los lectores haciéndoles aparecer como novedoso un artículo que ya había sido publicado anteriormente. Y eso sugieren ustedes sin ninguna prueba. Y no la tienen porque simplemente no es cierto.

El artículo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional de la economía” aparece primero en la Revista de Derecho Público No 12 de los Andes, que recopila los textos de una discusión en los Andes sobre la Corte Constitucional y sus decisiones con impacto económico.  Luego esa misma discusión se llevó al Icesi y ellos me preguntaron si podían publicar el mismo artículo que aparecía en la Revista de Derecho Público de los Andes y todos aceptamos esa posibilidad, como aparece explícito en una aclaración en “Precedente”, que les adjunto escaneada, en donde dicen literalmente que el “artículo de Rodrigo Uprimny es una reelaboración de su ponencia y es publicado a la vez en PRECEDENTE y en REVISTA DE DERECHO PUBLICO.”. Finalmente, el texto de Ilsa editado por el profesor Burgos, es explícitamente una recopilación de artículos, la mayor parte de los cuales ya habían sido publicados y no eran inéditos, como él lo señala en el estudio introductorio de su publicación. El colega Burgos no sólo sabía que mi texto ya había sido publicado sino que el mismo me pidió que se pudiera publicar nuevamente en su libro, como ustedes pueden verificarlo contactándolo a su mail de la Universidad Nacional.  

 Luego nunca presenté a los editores o al público como nuevo un artículo que ya había sido publicado y ningún lector podía ser engañado pues el título del artículo es idéntico.

Finalmente, por transparencia, aclaro que este artículo “Legitimidad y conveniencia del control constitucional de la economía” está basado, como lo señalo en la nota inicial del texto, en un artículo previo, con el cual comparte obviamente apartes significativos, que es el artículo “Justicia Constitucional, derechos sociales y economía”, publicado en Pensamiento Jurídico No 13.

Valoro positivamente que combatan el plagio, que es un mal cuyos efectos he debido soportar personalmente o por colegas cercanos que han sido groseramente plagiados, como señalé en esta columna:

Plagios, descuidos, reinterpretaciones | Dejusticia

Pero si ustedes quieren hacer su tarea eficazmente no sólo deberían dar la cara sino que deben ser muy cuidadosos en la verificación de los hechos de sus ataques. Por eso lamento que no lo hayan hecho en este caso y, como lo dije al inicio, espero que tengan la gallardía de reconocer sus errores y rectificar.

Sin otro particular,

Rodrigo Uprimny

Profesor Universidad Nacional

Copia a Andres Abel Rodriguez y Decanatura Derecho UN

2 archivos adjuntos

Share This Post:

sos2016